- La prensa local se hace eco de las reiteradas denuncias del portavoz del PSOE, Daniel Fernández, en su tarea de fiscalización de las obras y servicios privatizados en el Ayuntamiento de Santander
- Como ya sucediera al inicio de la anterior legislatura, cuando el PP aprobó más de 2,5 millones de euros en sobrecostes, en los primeros meses de la mayoría absoluta de Gema Igual, la cifra asciende a casi 3 millones de euros, cantidades que salen de manera muy irregular de nuestras arcas y podían haberse destinado a necesarias inversiones sociales y de transformación para la ciudad
Los sobrecostes en el Ayuntamiento de Santander han sido objeto de atención por parte de la prensa local (El Diario Montañés) en los últimos días, después del seguimiento que viene haciendo el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, que en su tarea democrática de fiscalización del gobierno local ya señaló los 2,5 millones de euros al inicio de la anterior legislatura y en los pocos meses que llevamos de la actual periodo la cifra se eleva a casi 3 millones de euros.
Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, los sobrecostes de obra en el Ayuntamiento de Santander son un “agujero negro” por el que se escapa el dinero de los santanderinos y responsabiliza al PP por “alterar las reglas de la contratación pública”.
Para empezar, Fernández lamenta que con esos casi 3 millones que se han perdido al inicio de esta legislatura, se podrían haber ampliado el parque público de viviendas, aparcamientos en altura en los barrios, parques infantiles cubiertos o financiar la gratuidad del servicio de madrugadores en los colegios y eliminar todos los copagos en la asistencia y la comida a domicilio para las personas mayores.
Además, apunta que los sobrecostes perjudican a los ciudadanos porque las obras son de peor calidad, pero también a las empresas que pierden el concurso frente a proyectos que se presentan como más baratos, pero al final salen más caros
El PSOE lo viene denunciando con insistencia desde el inicio de la anterior legislatura, cuando se acumularon 2,5 millones de sobrecostes en la Plaza de Italia, el Túnel de Tetuán, el Palacio de la Magdalena, la piscina cubierta de La Albercia, las obras de los Azogues y el edificio de La Paz, o por dos veces la Biblioteca Municipal.
En los pocos meses que llevamos de la presente legislatura la historia se repite, con cantidades más significativas en el MAS, donde ha denunciado múltiples irregularidades, el centro cívico de Cueto o el campo de golf de Mataleñas, y todo ello sin contar con las pérdidas de la contenerización soterrada o el sobreprecio de 5 millones anuales que se está pagando en el contrato de emergencia de las basuras.
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Del estudio de todos estos expedientes el PSOE observa la “participación concertada” del equipo de Gobierno del PP y “un reducido número” de estudios de ingeniería externos y de empresas de construcción locales.
“El PP es el máximo responsable porque se limita a dar por buenas situaciones que se presentan como contratiempos pero que eran previsibles, desde la lluvia, en una ciudad como Santander donde llueve, hasta la aparición de restos arqueológicos — cuya existencia era conocida por el Ayuntamiento– o deficiencias estructurales que debían haberse previsto — por ejemplo en el MAS eran conocidas porque había informes técnicos”.
El modus operandi
El PSOE de Santander añade explicaciones importantes sobre esta práctica continuada en el tiempo en el Ayuntamiento de Santander.
De inicio el Ayuntamiento abusa del contrato menor, que es un procedimiento que por Ley debe ser excepcional. Fraccionan la redacción del proyecto y la dirección de la obra para evitar un concurso público, pero al final se lo adjudican a un mismo grupo de empresas.
Sospecha que estos proyectos adjudicados a dedo son deficientes, están inflados en cuanto al precio y obvian cuestiones técnicas previsibles, como la existencia de restos arqueológicos o problemas estructurales.
Ya en la fase de concurso para ejecutar las obras, las empresas siempre ofertan mucho más barato respecto al presupuesto que ha validado la administración, lo cual es “otro sinsentido en un contexto de inflación y encarecimiento de materiales”.
A modo de ejemplo “muy gráfico”: una obra cuesta realmente 6 pero el proyecto infla el presupuesto hasta 10. Se adjudica a la oferta más baja, por 6,5. Pero se modifica varias veces hasta los 7 o 7,5 millones, con lo que hay una ganancia de 1 o 1,5 millones de euros, que es exactamente el perjuicio público que se produce.
“El PP se parapeta en los técnicos municipales, pero estos se limitan a dar por válido el informe de estos estudios-gabinete de ingeniería contratados a dedo, que además de hacer el proyecto se encargan después la dirección de la obra, y en esa fase aceptan, por sistema, los sobrecostes que demanda la constructora”.
El esquema
1.- Fraccionamiento inicial en dos contratos menores de la redacción del proyecto y la dirección de la obra. Adjudicado a dedo a las mismas empresas por menos de 15.000 euros, que es una cifra muy baja para una obra grande. Normalmente debería ser un 6% del presupuesto de la obra. Para una actuación de 10 millones debería costar al menos 250.000 euros. Y eso requeriría sacarlo a concurso (ejemplo: Banco de España). Algunas empresas constructoras ya trasladan de manera privada que han recibido indicaciones del Ayuntamiento para contratar la dirección de obra.
2.- Proyecto mal redactado con el precio inflado por encima del mercado. En un contexto de inflación y subida del coste de materiales, todas las empresas constructoras siguen ofertando a la baja respecto al presupuesto de licitación marcado por el Ayuntamiento. Se adjudica la obra a la más barata, aunque la oferta técnica sea peor.
3.- Ejemplo: Si el coste real es 6, el Presupuesto de Licitación se infla hasta los 10. Se adjudica en 6 (hasta un 40% de bajada respecto a la licitación, como ocurrió en el MAS) y los sucesivos sobrecostes elevan el coste final hasta 7, lo que supone un millón de euros de beneficio sobre coste real.
4.- La dirección de la obra, que habitualmente es la misma empresa que ha hecho el proyecto, informa a favor de los sobrecostes. Generalmente con argumentos peregrinos. Desde modificados basados en que en Santander llueve – aunque no haya llovido-, hasta incrementos por cuestiones que eran previsibles o conocidas, como la aparición de restos arqueológicos (el Ayuntamiento tiene constancia, como en el Parque 2020) o deficiencias estructurales (un informe técnico lo advertía respecto al MAS).
5.- Los técnicos municipales asumen los informes de la dirección de la obra (la empresa contratada a dedo) y el PP aprueba los sobrecostes en la Junta de Gobierno Local.
